Alarmada por la situación de su marido, Pablo Bartels, quien presentaba un inquietante cuadro de “desmemoramiento y estado de perturbación mental”, Carolina Grimwood solicitó en 1869 la interdicción del hombre, pues su demencia, según ella, se revelaba “en su semblante, en sus acciones, en la dificultad y absoluto desconcierto de lo que habla o escribe”.

La mujer, claro, tuvo que acreditar el desbarajuste psíquico de su cónyuge ante la justicia de la época, y los documentos elaborados a lo largo del proceso forman parte, ahora, del material que la especialista María José Correa ofrece en su libro Historias de locura e incapacidad .

En el volumen, que acaba de ser lanzado por el sello Acto Editores, la autora examina diversos casos, registrados en Valparaíso y Santiago entre 1857 y 1900, en los que ciudadanos particulares tuvieron que recurrir a la ciencia médica y a la justicia para probar la demencia de alguno de sus familiares.

En la obra, la historiadora explica que esas demandas se volvieron cada vez más comunes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que ese auge tuvo que ver tanto con el desarrollo de la psiquiatría como con la necesidad de evitar que el patrimonio económico fuera administrado por personas mentalmente inestables.

“Cuando comencé esta investigación me interesaba estudiar la relación de la sociedad chilena con la locura y la forma en que ésta fue insertándose dentro de la medicina local”, dice María José Correa.

“Los expedientes judiciales de curatela e interdicción abren una nueva línea de análisis, relacionada con la práctica médico-legal y con la experiencia de la locura en el espacio doméstico y cotidiano”, agrega.

–¿Sientes que en Chile ha habido, tradicionalmente, una tendencia a ocultar las enfermedades mentales?

–Sí, las enfermedades mentales han tendido a ser desconocidas o silenciadas. Los expedientes muestran personas enfrentadas a la demencia por décadas, cuyas historias sólo salieron a la luz y fueron relatadas ante los juzgados en situaciones desesperadas: cuando se necesitaba recibir una pensión, dividir una herencia, salvar el patrimonio familiar o administrar un negocio.

–En tu libro se muestra la precariedad de los diagnósticos mentales en el Chile del siglo XIX. ¿Crees que ese panorama siembra algunas dudas acerca de la real capacidad de las instituciones que hoy se encargan de esos temas?

–Ciertamente debemos tener una mirada crítica frente a las instituciones, metodologías e ideologías que intentan administrar las enfermedades mentales. La justicia, por medio de la interdicción, continúa cumpliendo un papel central, pese al rechazo de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a la vinculación entre enfermedad mental e incapacidad. El mercado, además, se ha vinculado sospechosamente a la terapéutica y a las nuevas categorías psiquiátricas que surgen en los manuales de desórdenes mentales